En el BOJA número 91 se publica una Resolución de 24 de abril de 2009, relacionada con la apertura de un procedimiento para optar con carácter de interinidad a unas cátedras de guitarra flamenca del Conservatorio Superior de Córdoba.
El 23 de junio de 2009, publican una Resolución a la que añaden la lista del baremo definitivo de los aspirantes a la Cobertura Provisional de Cátedras.
El 24 de junio de 2009, publican la adjudicación provisional de la Cobertura Provisional de Cátedras. En la lista adicional figuran siete plazas de profesores de guitarra flamenca. Es decir los nombres, apellidos y puntuación del baremo de siete profesores titulados superiores de Guitarra Flamenca que optaban a las siete plazas. Uno de ellos el sexto por orden estuvo ocupándola el curso anterior 2088/2009.
El 4 de septiembre de 2009, publican las listas definitivas y sólo figuran ahora cinco personas, quedando fuera el sexto que ya trabajó el año pasado en el mismo puesto y el séptimo que era nuevo este año.
Pero lo curioso es que parece ser que han contratado en el lugar de estas dos cátedras suprimidas de un plumazo, a dos personas sin titulación ninguna. Sin desmerecer a éstas, pero lo cierto es que no se pudieron presentar al concurso porque no reúnen los requisitos necesarios. Y sin desmerecer a éstas personas que pueden ser unos virtuosos, no pueden ser docentes porque no tienen realizado el CAP, entonces ¿que enseñan en el Conservatorio?.
¿Cómo se explica esto? ¿No dan más salida a los afectados que el contencioso porque finaliza la vía administrativa? ¿No huele esto raro, muy raro? Todo ello sin ningún tipo de explicación. ¿Qué diferencia hay con los métodos de ministro Barroso y Castillo cuando solicitó una plaza en Veterinaria Rafael Castejón? ¡Ninguna! Seguro que lo habrán adornado, o a lo mejor ni siquiera, la impunidad con la que se hacen las cosas permite todos los juegos de cintura posibles. Evidentemente tengo constancia de que van al contencioso los afectados pero, someten al ciudadano a unos gastos que éste no puede soportar, mientras los servicios jurídicos de la administración están pagados por los propios ciudadanos a los que se les limitan sus derechos.
La verdad es que es lamentable.
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